Dos investigadores analizan en detalle un tema cultural de gran impacto social: el acoso a las mujeres en los espacios públicos y su derecho a estar cómodas en ellos.
El pasado nueve de julio asistí a la presentación de un estudio que captó mi atención, titulado “El acoso sexual callejero y el derecho al espacio público de las mujeres en Panamá”. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Tomás Clavel de la Universidad Santa María la Antigua, y el proyecto fue organizado por la Dirección de Investigación de la USMA.
Los investigadores son dos doctores en sus respectivas materias: Nelva Araúz, doctora en derecho de la UNAM de México, y Javier Stanziola, un economista con un doctorado de la Florida International University. Ambos han sido docentes e investigadores, Araúz especializada en género, RSE y derechos humanos, Stanziola en políticas culturales.
Había un público como de treinta personas, la mayoría estudiantes de derecho. Al ser presentados por otra doctora de la institución se remarcó el propósito de toda investigación científica, el cual es generar “nueva información para construir el país que queremos, y para lograr el cambio social”. El tema se enmarcó en el contexto de los derechos humanos, al igual que del uso de los espacios públicos, todo en una sociedad en democracia.
Los subtemas del estudio son la desigualdad, en este caso en detrimento de las mujeres, y la violencia hacia las víctimas. Esta violencia, como toda, es nefasta porque atenta en contra de la autonomía y el bienestar de la persona.
Antecedente: La Ley “Piropo”
En 2017, mientras fue diputada independiente, la abogada Ana Matilde Gómez presentó el anteproyecto de la Ley 177, “Que previene, prohíbe y sanciona el hostigamiento, acoso callejero, acoso sexual, acecho, favoritismo, sexismo y racismo en todos los ámbitos”. Leyendo esta descripción se entiende el alcance de dicha ley, que habría de beneficiar a personas de ambos sexos, y que va más allá del acoso en lugares públicos. (los investigadores del estudio destacaron que el acoso laboral es un tema similar pero separado)
Gómez llegó a declarar que el objetivo de su anteproyecto era “prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas, proteger el derecho al trabajo en condiciones de equidad y establecer políticas públicas para prevenir estos actos, conforme a las convenciones sobre Derechos Humanos ratificadas por la República de Panamá”.
La ex diputada estaba presente ese día en la USMA, y en sus comentarios lamentó que algo tan amplio y noble se redujo solamente a los piropos, y que los medios de comunicación no ayudaron a promover el tema con claridad. Su anteproyecto no fue sancionado.
Un estudio balanceado y actual
Con el aval de la USMA como institución académica, Araúz y Stanziola se propusieron llevar a cabo un estudio que fuese más claro y revelador que otros esfuerzos anteriores en relación al tema. Se buscaban más datos cuantitativos y cualitativos y generar más contenido sobre la materia, además de un análisis general de la situación. Recalcaron que el acoso sexual callejero, o ASC, “tiene consecuencias tales como el miedo, la inseguridad, la ansiedad, ira, vergüenza, repercusiones físicas y emocionales”.
Lo primero que hicieron fue incluir a hombres en la muestra de su estudio, algo que no se había hecho antes. Así sus encuestados quedaron en 49.9% mujeres, 48.2% hombres y 1.9% de “otros”, esta última categoría donde encajan los hombres y mujeres trans. De esta manera se podría tener las perspectivas de otras víctimas, como las de los hombres homosexuales y las personas transgénero. Recordemos que aquí en Panamá, este año, un hombre heterosexual casi mata a golpes en la vía pública a una mujer transexual, un crimen que recibió la atención y empatía del público por la brutalidad de los hechos.
Recordemos también que la mayoría de estos acosos son propiciados por hombres heterosexuales.
La muestra incluyó un rango amplio de adultos, siendo el 60.1% entre 18 y 34 años, el 22.8% entre 35 y 44, y un 17.1% de más de 45 años.
La gran mayoría, el 84.3%, eran personas heterosexuales, el 12.2% LGBO, y un 3.5% prefirió no contestar.
La Dra. Araúz señaló que la mayoría de las encuestas se hicieron por teléfono, y que posteriormente se eligió un grupo de 14 personas (11 mujeres, 3 hombres) para entrevistas en persona. La investigadora comentó que varias de ellas estaban muy emotivas al terminar la sesión, algunas sudando notablemente, una clara señal de un trauma psicológico, o de la ansiedad producida por recordar situaciones incómodas o reprimidas.
Resultados reveladores
A la pregunta base de “¿Ha sufrido acoso sexual callejero?”, el 75.4% de las mujeres dijo que sí, junto a un 39.1% de los hombres. Si a la pregunta se le suma una lista de comportamientos que definen mejor ese acoso, la cifra sube a 93.7% mujeres, y a un 67.5% de hombres. Esto indica que la mayoría de las mujeres, de una forma u otra, se han sentido víctimas del ASC.
El dato anterior refleja la realidad cultural de que este acoso es tolerado en nuestra sociedad latinoamericana. Los investigadores señalan que “El acoso sexual callejero es una norma social instaurada desde la infancia de las mujeres y aprenden a vivir el espacio público con miedo. El ASC es una sensación omnipresente fuerte que le acompaña y oprime”.
Dividiendo el ASC por tipo, en el cual incide el grado del acoso, las cifras se elevan. El 91.4% de las mujeres dicen que han sufrido silbidos, miradas y piropos, contra un 60.4% de los hombres. Y si hablamos de acercamientos, agarrones, exhibicionismo y punteo, un 33.1% de las mujeres respondieron afirmativamente, al igual que un 23.1% de los hombres.
Lo anterior va más allá de los obreros de construcción silbándole a una mujer que pase frente a ellos en la calle. Se podría decir que en este sentido están los acosadores más pasivos –los que actúan de lejos con sus miradas y frases soltadas al aire– y aquellos más invasivos y determinados (¿descarados?) que no temen a tocar, sea con las manos o con otras partes de su cuerpo.
Los testimonios obtenidos para el estudio señalan que gran parte del ASC sucede en el transporte público (buses, metro) y selectivo (taxis, Uber, busitos). Más sorprendente aún es que las mujeres señalan que comienzan a experimentar el ASC tan temprano como desde los 13 años de edad, siendo el uniforme escolar un incentivo para el acosador, que en este esquema tiende a ser un hombre mayor.
¿Y las denuncias? Quizás la cifra más contundente del estudio es que solo el 1.1% denuncia su caso de ASC. Esto implica que la mayoría de las víctimas, que ha aprendido a vivir con el tema y que sabe que no hay ley que las ampare, prefiere tragar en seco y seguir con sus vidas. El 67.3% no denuncia porque no lo considera importante; el 26.8% porque “Consideré que nada pasaría”; el 10.9% porque no sabía cómo presentar la denuncia; y un 6.7% por experiencias y expectativas negativas con funcionarios.
Decisiones de ese tipo tienen una coyuntura en la economía de la persona victimizada, haciéndola incurrir en gastos adicionales por seguridad que en otras circunstancias podrían evitarse. Es común que una mujer profesional se esfuerce para comprar un carro propio para evitar el transporte público y sentirse más segura.
También está la “necesidad protectora de las mujeres”, en la que ellas se agrupan y procuran entre sí en espacios públicos para evitar el acoso. Otro factor positivo son los hombres aliados con consciencia, por así decir, esos familiares o amigos que acompañan a la mujer a la parada de taxis o buses para protegerla. Sería interesante analizar la perspectiva del hombre heterosexual que ha tenido una mujer acosada en su vida, y si eso, o el vivir con mujeres, les ha hecho tomar una conciencia distinta sobre el ASC.
El SUNTRACS ganaría puntos positivos en su reputación pública, que de hecho le vendrían muy bien, si decidiese participar en un estudio de este tipo, o someter a sus miembros, como en una corporación profesional moderna, a un entrenamiento sobre el acoso sexual.
No se registró en el estudio mujeres que hayan cometido acoso hacia hombres o hacia otras mujeres. Y el acoso que sí sufren los hombres homosexuales y las mujeres trans por parte de hombres heterosexuales conecta, creo yo, con cierto elemento femenino de su personalidad que subconscientemente le dice al acosador: “como es menos que yo tengo derecho sobre ese cuerpo y puedo decirle o tocarle como guste”.
Reflexiones y recomendaciones
Si en Panamá la ley no está del lado de la mujer o de las víctimas del ASC, y si el hombre promedio se siente amo y señor donde quiera que vaya, lo que queda es, según el estudio de Araúz y Stanziola, “una apropiación colectiva del espacio público como mecanismo de resistencia”. Esto se logra con acciones grupales de resistencia (entre mujeres o potenciales víctimas), talleres donde se hable y reflexione sobre el tema y más denuncias del acoso sin importar su nivel de gravedad.
El estudio se concentró en el área metropolitana. Sería valioso analizar el tema en el interior o en lugares rurales. Algo que proponen los investigadores para mitigar esta realidad es programas de sensibilización permanente a la población general, especialmente en los lugares de trabajo, involucrando a los hombres.
Otro factor, en el cual otros países nos tienen ventaja, es el desarrollo de infraestructuras urbanas con perspectiva de género, es decir, calles más iluminadas, vagones del metro exclusivos para mujeres o “personas con expresión femenina”, al igual que líneas de denuncia, botones de pánico y monitoreos.
Aprecio el trabajo de Araúz y Stanziola, al igual que la apertura de la USMA para abordar el tema. Decir que vivimos en una sociedad machista puede sonar pasé, pero sigue siendo el caso, y en detrimento de un sector importante de la población. Una de las recomendaciones que hacen es, de hecho, cambiar el término de ASC por uno más claro, objetivo e inclusivo. La palabra que ofrecieron fue “intrusión”.
*Imágenes cortesía de los investigadores.